El Govern de Armengol paga el doble a los examinadores de catalán que a los de cualquier oposición

El Govern balear liderado por la socialista Francina Armengol, que exige la titulación en catalán para trabajar en todas las administraciones de Baleares, ha convertido la obtención de los diferentes certificados que acreditan el dominio de esta lengua en un negocio en materia de subvenciones a colectivos independentistas que la promocionan, y en un sobresueldo, nada desdeñable, para los examinadores encargados de supervisar y corregir las pruebas, que cobran el doble que cualquier miembro de otro tribunal de la Administración balear.

Hasta 183 euros por día se embolsa el personal que hace las labores de coordinación en estos exámenes, según la resolución de la Conselleria de Hacienda presidida por la socialista Rosario Sánchez, frente a los 98 que se les abonan a los integrantes del resto de tribunales evaluadores del Govern.

A ello hay que sumar, una media de entre 7 y diez euros por cada examen que corrigen, en función del nivel del certificado al que se opte, en unas pruebas evaluadoras en las que se inscribieron más de 8.000 residentes en Baleares en la convocatoria de 2021.

El pago de estas indemnizaciones para el personal de coordinación de estas pruebas en los diferentes certificados de catalán, que va desde el nivel más básico A2, pasado por el B1, B2, C1, C2 y el de Lenguaje Administrativo, establece además otras indemnizaciones para el resto de auxiliares que participa en estas pruebas, en cada uno de esos certificados.

Son, por ejemplo, los denominados responsables de aula que, en función del nivel del nivel del certificado al que asista cobra entre 100 y 153 euros por jornada, o los ayudantes de clase, a los que se premia con entre 66 y 90 euros.

Desde el acceso de Francina Armengol a la presidencia del Govern balear en 2015, el catalán pasó a ser un requisito obligatorio, y no un mérito académico más, para optar a un puesto de trabajo en la Administración de las Islas.

Esto se tradujo en que miles de ciudadanos de Baleares que no tenían el certificado de conocimiento en lengua catalana, tuvieran que inscribirse en toda clase de cursos, y realizar posteriormente el pertinente examen, para obtener esta preciada titulación.

De hecho al año siguiente de instaurar este requisito, los inscritos en estas pruebas aumentaron un 40% en 2016, para un total de 4.000 personas, cantidad que, sin ir más lejos, se duplicó el pasado año.

En estos siete años que Armengol lleva al frente del Govern, los tribunales evaluadores han ido subiendo el nivel de exigencia en estas pruebas, en especial de los certificados B2 y C1, que son los requeridos generalmente para trabajar en el grueso de plazas ofertadas en la Administración. En la última convocatoria, sólo uno de cada tres inscritos logró hacerse con la titulación a la que optaba.

Los que han salido más perjudicados de este estado de cosas son, sin duda alguna, aquellos españoles no residentes en Baleares que no han obtenido su certificación académica en las Islas, que no cuentan con titulación alguna en lengua catalana y a los que, literalmente, se les impide el acceso a las oposiciones en Baleares. Los residentes en las Islas, por contra, sí que pueden optar a cualquier puesto de trabajo público en el resto de comunidades autónomas.